Geografía e historia apoyan la tesis de que las Malvinas son parte integrante del territorio y del Estado argentino (ver anexo 1). Usurpadas en 1833 por el Reino Unido sin promediar guerra ni tratados de cesión, la cuestión Malvinas, símbolo de la supervivencia y vigencia del colonialismo, se convirtió de inmediato en una demanda por parte de Argentina que perdura hasta nuestros días y que lamentablemente dio origen a una aventura bélica, la de 1982, de parte de la dictadura militar que hasta hoy la misma Argentina democrática lamenta profundamente por sus muertos, por sus implicaciones que van más allá de una derrota militar, y por haber nacido de las entrañas y de la lógica de ese oscuro período del terror.
En sus reclamos, incluyendo el actual ante la Asamblea de las Naciones Unidas y en los distintos foros internacionales, asiste a la Argentina el Derecho Internacional, plasmado en distintas resoluciones de Naciones Unidas, la 2065 de 1965 (ver anexo 2) y la 3160 de 1973 (ver anexo 3) donde se vuelve a instar a las negociaciones entre ambos países “sin demora” y “para poner término a la situación colonial”.
A estas se añaden resoluciones y declaraciones de la OEA y los sucesivos apoyos a la apertura de negociaciones sobre la soberanía o directamente a la reivindicación argentina de la soberanía sobre las islas, de los siguientes organismos: Mercosur, Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Comunidad Sudamericana de Naciones, Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Parlamento Latinoamericano, Grupo Río, Grupo de los 77 y China, además de apoyos expresados durante las siguientes cumbres: Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, XLII Reunión de Consejo del Mercado Común y Cumbre de Presidentes del Mercosur, Cumbre Sudamericana, Primera Cumbre Energética Sudamericana, II Cumbre América del Sur- África y Cumbre de Países Sudamericanos.
Las resoluciones que instan a los dos gobiernos, el de Argentina y el del Reino Unido, a negociar una salida pacífica no han sido respetados por Gran Bretaña que hizo caso omiso de ocho intimaciones del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, ya que Gran Bretaña considera que la soberanía sobre las islas no es negociable hasta que sus pobladores decidan lo contrario e invoca el derecho a la autodeterminación de los kelpers (ver anexo 4).
Los kelpers son descendientes de colonos ingleses que poblaron las islas, una vez que éstas fueran usurpadas por su mismo gobierno, que impidió que los habitantes argentinos y sus autoridades siguieran viviendo en ese territorio del que fueron expulsados y que aplica una política inmigratoria selectiva que deja afuera a los ciudadanos argentinos. Por ser colonizadores y por no ser pueblo, sino población, Naciones Unidas no reconoce a los kelpers el derecho a la autodeterminación, que vale la pena recordar es un derecho y no un deseo. Este derecho además siempre está sujeto al derecho a la Integralidad del Territorio que prima respecto al de la autodeterminación, derecho que Gran Bretaña, que lo reivindica en este caso, no reconoce a todos los pueblos que habitan sus colonias, como lo demuestra la política hacia una parte de la población originaria de la isla Diego García ubicada en el Océano Índico (ver anexo 5).
Las acusaciones de bloqueo económico a la población kelper derivada de la decisión de impedir la entrada a los puertos no solamente argentinos sino del Mercosur y de algunos países de Unasur, de los barcos con la bandera malvinense considerada ilegal o en algunos casos de banderas de conveniencia de buques ingleses, no sólo no es procedente, sino es una respuesta a las medidas unilaterales del gobierno británico de exploración y explotación de recursos prohibidas por los tratados bilaterales y por Naciones Unidas y por la presencia de barcos y aviones de guerra, (amen de la presencia del príncipe Williams) considerados una amenaza a la paz de la región del Atlántico Sur y que puede interpretarse como un anticipo de la implantación de una base militar en las islas, que por ser colonia no puede albergar instalaciones militares según la ONU.
La renuencia de Gran Bretaña a reconocer la soberanía argentina radica más que en la preocupación por los isleños, en el interés por los recursos de la plataforma marítima, petroleros y pesqueros, y sobre todo por la ubicación de las Islas desde el punto de vista geoestratégico para el control del Atlántico sur, que por estar en manos de los británicos se convierte en una cabeza de puente de la OTAN y permite el acceso del Reino Unido a la Antártida, continente rico en recursos y de futura suma importancia geoestratégica.
Por todo lo arriba señalado, el Llamamiento de los 100 para seguir viviendo con su vocación pacifista respalda toda gestión tendiente a la resolución pacífica del diferendo. Muchos son los acuerdos posibles, dentro de un marco de respeto mutuo, sin embargo es preciso dar cumplimiento a las normas internacionales, mantener al Atlantico Sur como zona de paz, una paz que tan sólo puede darse con justicia, ya que no hay paz sin justicia, por lo cual como institución alentamos y apoyamos todo proceso de descolonización en todo el mundo, condenamos el nuevo colonialismo y consideramos que cada país, en este caso específico, Argentina, tiene el derecho a no renunciar a su derecho.
ANEXO 1
Secretaría de Relaciones Exteriores.
Posición argentina sobre diversos aspectos de la Cuestión de las Islas Malvinas.
Antecedentes históricos.
Las Islas Malvinas formaron parte del área bajo jurisdicción de España desde la entrada en vigor de los primeros instrumentos internacionales que delimitaron el "Nuevo Mundo" poco después del descubrimiento de 1492. Las Bulas Pontificias y el Tratado de Tordesillas de 1494 constituyen los primeros instrumentos que receptan títulos de España de acuerdo con el derecho internacional de la época.
Desde principios del siglo XVI y durante la mayor parte del mismo, sólo navegantes al servicio de España transitaron las rutas marítimas a lo largo de la costa sudamericana, avanzando hacia el sur en busca del paso interoceánico. En este avance se produjo el descubrimiento de las Islas Malvinas por integrantes de la expedición de Magallanes en el año 1520. A partir de ese momento fueron registradas en la cartografía europea con diversos nombres y quedaron dentro de los espacios bajo control efectivo de las autoridades españolas.
En el curso del siglo XVII las Islas Malvinas fueron avistadas por navegantes de otras naciones que se aventuraban en los dominios españoles a riesgo de la reacción y las protestas que España efectuaba cuando tenía noticias de tales expediciones. Pero toda la región austral de América, con sus costas, mares e islas, quedó indiscutiblemente preservada bajo la soberanía española a través de los diversos tratados suscriptos en este período, como el Tratado "Americano" de 1670, entre España e Inglaterra.
La Paz de Utrecht, firmada en 1713, aseguró la integridad de las posesiones de España en América del Sur y confirmó su exclusividad de navegación en el Atlántico Sur. Inglaterra aceptó dichas cláusulas como signataria de los acuerdos de Utrecht y de tratados posteriores del siglo XVIII que lo ratificaban. No obstante, hacia mediados de ese siglo, las Islas Malvinas comenzaron a ser objeto del interés de Gran Bretaña y Francia, que aspiraban a contar con un establecimiento estratégicamente ubicado frente al estrecho de Magallanes.
En 1749, España se enteró de un proyecto británico para establecerse en las Islas Malvinas y protestó firmemente ante el gobierno del Reino Unido, que, en consecuencia, desistió de llevarlo a cabo. Más adelante, cuando en 1764 Francia formó el establecimiento de "Port Louis" en la Isla Soledad, España se opuso y obtuvo el reconocimiento de Francia de su derecho a las islas. El gobierno francés ordenó la evacuación y entrega del establecimiento a las autoridades españolas. Esta entrega se concretó en 1767 y desde entonces hubo en las Malvinas un gobernador español residente en ellas, dependiente de Buenos Aires.
Al año siguiente de la instalación francesa, una expedición británica llegó clandestinamente al archipiélago y, como seguimiento de ella, en 1766 marinos ingleses levantaron un fuerte en un lugar que llamaron "Port Egmont", en una isla situada al oeste de la Gran Malvina. Pese al secreto con que el gobierno del Reino Unido llevó esto a cabo, España tuvo conocimiento de ello y protestó insistentemente, exponiendo sus derechos.
Como no obtuvo una respuesta aceptable, buscó el establecimiento intruso y cuando dio con él, en 1770, expulsó por la fuerza a sus ocupantes. Con motivo de esta acción se estuvo a punto de ir a la guerra, la cual fue evitada con un acuerdo bilateral firmado en 1771. Este acuerdo constaba de una Declaración por la que España restituía a los británicos "Port Egmont" para salvar el honor del Rey británico, haciendo reserva expresa de su soberanía sobre la totalidad de las Islas Malvinas, y una Aceptación de la Declaración en la que Gran Bretaña guardaba silencio acerca de la reserva de derechos española. Como parte del acuerdo se convino verbalmente que los ingleses se retirarían de "Port Egmont" posteriormente, lo cual ocurrió en 1774. Desde entonces las autoridades españolas con asiento en Puerto Soledad continuaron ejerciendo su jurisdicción y control sobre la totalidad del archipiélago.
En 1790, con la firma del tratado de San Lorenzo de El Escorial, Gran Bretaña se comprometió a no formar ningún establecimiento en las costas tanto orientales como occidentales de América Meridional ni en las islas adyacentes ya ocupadas por España, cual era el caso de las Malvinas.
La sucesión de gobernadores españoles en las Islas Malvinas, que llegaron a un total de treinta y dos, fue continua hasta el año 1811, en que la guarnición de Puerto Soledad fue requerida desde Montevideo para la defensa de la monarquía con motivo de la recién desatada Guerra de la Independencia. En el marco de este conflicto, los primeros gobiernos patrios de las Provincias Unidas tuvieron en cuenta en diversos actos administrativos a las Malvinas, a las que consideraron parte integrante de su territorio, heredado de España por sucesión de Estados según el uti possidetis juris de 1810.
En 1820, bajo las difíciles condiciones de las luchas internas que enfrentaba el Estado argentino en formación, el oficial de Marina David Jewett tomó posesión de las Islas Malvinas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ello fue efectuado en un acto público en Puerto Soledad al que asistieron loberos y balleneros de varias nacionalidades, entre ellos estadounidenses y británicos, que recalaban en las islas en el desarrollo de sus faenas. La noticia fue publicada en medios de los Estados Unidos y del Reino Unido, sin que recibiera comentario oficial alguno en esos países. Tampoco manifestó Gran Bretaña pretensión alguna a las Islas Malvinas en el proceso de reconocimiento del Estado argentino, que culminó con la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1825.
Durante la década de 1820 los gobiernos argentinos realizaron diversos actos demostrativos de su soberanía sobre las Islas Malvinas, incluyendo la designación de gobernadores, la legislación sobre recursos pesqueros y el otorgamiento de concesiones territoriales. En este marco se fue desarrollando Puerto Soledad, cuyos habitantes se ocupaban de la cría de ganado, la caza de lobos marinos y la prestación de servicios a los buques que tocaban puerto.
El 10 de junio de 1829 el gobierno argentino promulgó un decreto creando la Comandancia Política y Militar de las Malvinas. Después de haber mantenido silencio por más de medio siglo en el curso del cual se habían sucedido sin oposición administraciones españolas y argentinas en las islas Malvinas, en noviembre de 1829 el Reino Unido protestó dicho decreto, en el marco de un renacimiento de su interés estratégico en el Atlántico Sur.
A fines de 1831 un buque de guerra de los Estados Unidos arrasó Puerto Soledad en represalia por la captura de buques loberos de esa nacionalidad que habían sido hallados en infracción a la legislación de pesca por las autoridades argentinas. El gobierno argentino inició de inmediato las gestiones para obtener reparación de los Estados Unidos y a la vez envió una goleta de la Armada para restablecer el orden en las islas, que había sido quebrado por la irrupción de la nave estadounidense.
Cuando el orden en Puerto Soledad había sido restaurado, se presentó una corbeta de la Marina Real británica que, apoyada por otro buque de guerra que se encontraba en las cercanías, amenazó con el uso de fuerza superior y exigió la rendición y entrega de la plaza. Tras la expulsión de las autoridades argentinas, el comandante de la nave británica dejó a uno de los pobladores de Puerto Soledad a cargo del pabellón y zarpó de regreso a su base. En 1834 el gobierno inglés asignaría a un oficial de la Armada para que permaneciera en las islas y recién en 1841 tomaría la decisión de "colonizar" las Malvinas, nombrando un "gobernador".
El acto de fuerza de 1833, llevado a cabo en tiempo de paz, sin que mediara comunicación ni declaración previa alguna de parte de un gobierno amigo de la República Argentina, fue inmediatamente rechazado y protestado. El 16 de enero de 1833, al llegar a Buenos Aires las primeras noticias de lo ocurrido en las Islas Malvinas, el gobierno argentino pidió explicaciones al Encargado de Negocios británico, que no estaba al tanto de la acción de los buques de su país.
El 22 de enero, el Ministro de Relaciones Exteriores presentó una protesta ante el funcionario británico, que fue renovada y ampliada en reiteradas oportunidades por el representante argentino en Londres. Las presentaciones argentinas tropezaron con respuestas negativas de parte del gobierno del Reino Unido.
La cuestión quedó pendiente y así lo reconoció el Secretario de Asuntos Extranjeros británico en 1849. Por el lado argentino continuó planteándose a distintos niveles del gobierno y fue objeto de debates en el Congreso de la Nación. En 1884, ante la falta de respuesta a las protestas, la Argentina propuso llevar el tema a un arbitraje internacional, lo cual también fue rechazado sin dar razones por el Reino Unido.
Durante la primera mitad del siglo XX, los sucesivos gobiernos argentinos fueron generalizando la práctica de presentar protestas ante el Reino Unido y realizar las presentaciones y reservas ante los organismos multilaterales correspondientes, cada vez que tenían conocimiento de actos unilaterales británicos por los que se desconocía la soberanía argentina. Fue en este período, además, cuando tuvo lugar una ampliación de la controversia a otros territorios insulares del Atlántico Sur y antárticos, sobre los que la Argentina, el Reino Unido y en algunos casos terceros países comenzaban a desarrollar distintas actividades en este período. En 1908, Gran Bretaña anexó dichos territorios (las Islas Georgias del Sur, Orcadas del Sur, Shetland del Sur y Sandwich del Sur, así como el territorio antártico denominado por los británicos Tierra de Graham) como "dependencias de la colonia" de las Islas Malvinas. En distintas oportunidades, la Argentina extendió sus protestas a tales territorios. Con la entrada en vigor del Tratado Antártico en 1960, la controversia de soberanía sobre las Orcadas del Sur, las Shetland del Sur y la parte pertinente del territorio antártico quedó cubierta bajo el artículo cuarto de dicho tratado. Los otros territorios, es decir las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur, continúan hasta el presente conformando junto a las Malvinas el espacio geográfico de la disputa de soberanía con el Reino Unido conocida como la "Cuestión de las Islas Malvinas".
Para el documento completo ver:
ANEXO 2
Resolución 2065 (XX) de la ONU.
La Asamblea General,
Habiendo examinado la cuestión de las Islas Malvinas (Falkland Islands),
Teniendo en cuenta los capítulos de los informes del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales concernientes a las Islas Malvinas (Falkland Islands) y en particular las conclusiones y recomendaciones aprobadas por el mismo relativas a dicho Territorio,
Considerando que su Resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960 se inspiró en el anhelado propósito de poner fin al colonialismo en todas partes y en todas sus formas, en una de las cuales se encuadra el caso de las Islas Malvinas (Falkland Islands),
Tomando nota de la existencia de una disputa entre los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca de la soberanía sobre dichas Islas,
1. Invita a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales a fin de encontrar una solución pacífica al problema, teniendo debidamente en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, así como los intereses de la población de las Islas Malvinas (Falkland Islands);
2. Pide a ambos Gobiernos que informen al Comité Especial y a la Asamblea General, en el vigesimoprimer período de sesiones sobre el resultado de las negociaciones.
ANEXO 3
Resolución 3160 (XXVIII) de la Asamblea General.
Cuestión de las Islas Malvinas.
La Asamblea General,
Habiendo estudiado la cuestión de las Islas Malvinas (Falkland),
Recordando su resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, que contiene la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales,
Recordando asimismo su resolución 2065 (XX) de 16 de diciembre de 1965, que invita a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales a fin de encontrar una solución pacífica al problema de las Islas Malvinas (Falkland), teniendo debidamente en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la resolución 1514 (XV) así como los intereses de la población de las Islas Malvinas (Falkland),
Gravemente preocupada por el hecho de que han transcurrido ocho años desde la adopción de la resolución 2065 (XX) sin que se hayan producido progresos sustanciales en las negociaciones,
Consciente de que la resolución 2065 (XX) indica que la manera de poner fin a esta situación colonial es la solución pacífica del conflicto de soberanía entre los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido con respecto a dichas Islas,
Expresando su reconocimiento por los continuos esfuerzos realizados por el Gobierno de la Argentina, conforme a las decisiones pertinentes de la Asamblea General, para facilitar el proceso de descolonización y promover el bienestar de la población de las Islas,
1. Aprueba los capítulos del informe del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales concernientes a las Islas Malvinas (Falkland) y, en particular, la resolución aprobada por el Comité Especial el 21 de agosto de 1973 en relación con el Territorio;
2. Declara la necesidad de que se aceleren las negociaciones previstas en la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General entre los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para arribar a una solución pacífica de la disputa de soberanía existente entre ambos sobre las Islas Malvinas (Falkland);
3. Insta en consecuencia a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido a que, de acuerdo con las prescripciones de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, prosigan sin demora las negociaciones para poner término a la situación colonial;
4. Pide a ambos Gobiernos que informen al Secretario General y a la Asamblea General lo antes posible, y a más tardar en el vigésimo noveno período de sesiones, acerca de los resultados de las negociaciones encomendadas.
ANEXO 4
Asamblea de Naciones Unidas.
Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Islas Malvinas (Falkland).
Documento de trabajo preparado por la Secretaría.
20 de Mayo de 2003
[…] Sin embargo, queremos recordar que no hay nada en la Declaración Conjunta de 1999 que comprometa la posición del Reino Unido respecto de su soberanía sobre las Islas Falkland, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El Gobierno británico no tiene ninguna duda respecto de su soberanía sobre estos territorios y las zonas marítimas que los rodean.
Los representantes elegidos en las Islas expresaron su opinión con toda claridad una vez más cuando visitaron las Naciones Unidas para el debate del Comité de los Veinticuatro de las Naciones Unidas, el 19 de junio. Pidieron al Comité que reconociera que ellos, al igual que cualquier otro pueblo, tienen derecho a ejercer el derecho a la libre determinación. Reiteraron que el pueblo de las Islas Falkland no desea cambio alguno en la condición jurídica de las Islas. Respaldamos plenamente el derecho a la libre determinación, tal como se establece en el párrafo 2 del Artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas y en el párrafo 4 de la Declaración del Milenio, y seguimos defendiendo el derecho del pueblo de las Islas Falkland a determinar su propio futuro. No habrá cambio alguno en la soberanía de las Islas Falkland a menos que así lo deseen los isleños.
(Texto que corresponde a las autoridades del Reino Unido)
ANEXO 5
EL PAIS › LAS TROPELIAS DE GRAN BRETAÑA EN DIEGO GARCIA
Expulsados del paraíso
Lo que pasa en esa isla en el Indico fue citado por Argentina en su presentación por Malvinas en Naciones Unidas. A los británicos no les importó la autodeterminación de sus habitantes, que desde hace más de 40 años viven como parias: los echaron para que Estados Unidos
Con desparpajo british, la semana pasada el primer ministro David Cameron ofreció a los escoceses un poco más de autonomía a cambio de que dejen de insistir con esa molesta idea de votar por su independencia en un plebiscito, cómodo en su rol de ser quien da y quien quita. Otra muestra de lo flexible que llegado el caso puede ser el concepto de autodeterminación de los pueblos, esgrimido por el gobierno británico como instancia definitiva en el conflicto por la soberanía de las islas Malvinas, y que ahora también reivindican algunos de nuestros opinadores locales. Ejemplos más evidentes aún pueden encontrarse si se escarba un poco en la historia reciente y se revisan casos como el de la isla Diego García, cuyos habitantes aún deambulan como parias reclamando que Londres los devuelva a su tierra, de la que fueron arrancados a la fuerza sin que nadie tuviera en cuenta su opinión.
El caso fue mencionado por el canciller Héctor Timerman durante su presentación en las Naciones Unidas, cuando viajó a denunciar la militarización de la zona del Atlántico Sur. “La pretensión británica de condicionar la obligación de reanudar las negociaciones de soberanía a la aplicación del principio de autodeterminación carece de fundamento, siendo incluso contradictoria con los antecedentes de otras disputas territoriales que involucraron a los ingleses”, e hizo mención a Hong Kong y Diego García.
Lo de Hong Kong es más conocido. Pese a que los habitantes de Hong Kong no querían saber nada con el cambio de manos, todo se resolvió en una negociación entre gobiernos. Los chinos proclamaron la fórmula “un país, dos sistemas”, por la cual respetarían que Hong Kong se mantuviera fuera de la economía socialista. Antes del traspaso, también dieron garantías de respeto al sistema legal. Sin embargo, luego modificaron varias leyes –por ejemplo, quitaron prerrogativas laborales–, lo que generó conflictos. Los habitantes habían expresado sus miedos, pero los británicos no tuvieron en cuenta su determinación.
Menos difundido es el caso de Diego García. Guarda llamativas similitudes con las islas Malvinas, pero la resolución fue totalmente diferente sin que ningún funcionario británico haya explicado el motivo. Si hay algo notorio, es que no se tuvo en cuenta la opinión del pueblo, condenado al destierro eterno por el solo hecho de haber nacido allí.
El edén
Diego García es un atolón (una isla de coral en forma de anillo) de apenas 44 kilómetros cuadrados, el único habitado en el archipiélago de Chagos, en el Oceáno Indico, a una distancia de unos dos mil kilómetros del sur de India y un poco más lejos de la costa oeste de Africa. Casi como la isla perdida de Lost. El marinero andaluz que la descubrió en el siglo XVI le puso su nombre, cuestión que si no hacía lo suficiente para merecer una calle por lo menos tendría su islita. Pasó por manos portuguesas y francesas hasta que luego de las Guerras Napoleónicas quedó bajo dominio británico. El Imperio la utilizó como lugar de recarga de carbón para los buques que navegaban entre Europa y Australia.
Así siguió hasta 1966, año en que Gran Bretaña acordó alquilarle la isla a Estados Unidos por 50 años, hasta 2016, para que instale una base militar en plena Guerra Fría. Pero luego del 11-S la CIA aprovechó su ubicación estratégica para armar allí también una prisión secreta al estilo Guantánamo, donde puede hacer de las suyas fuera de todo control en su particular lucha contra el terrorismo. Un paraíso natural de aguas transparentes y mágicos corales luminosos terminó convertido en un pantano de tortura y horror.
La autodeterminación de los dos mil habitantes de Diego García (los “chagosianos”, ya que viven en Chagos), una ironía: los echaron sin miramientos. Lo hicieron de diversas maneras. Por ejemplo, con el bloqueo al ingreso de alimentos, por lo que algunos no aguantaron y se trasladaron a villas miseria de la vecina isla Mauricio, donde aún sobreviven como pueden en casillas de chapa. Hubo también embarcados a la fuerza y otros que fueron engañados con anzuelos tales como vacaciones gratis en el exterior para después impedirle el regreso. Se recuerdan casos emblemáticos como el de María Aimee, quien en 1969 llevó a sus hijos a Port Louis, en Mauricio, para un tratamiento médico y luego no le dejaron subir al barco para la vuelta. Recién se pudo reencontrar con su marido dos años más tarde.
Cuentan que muchos de los pobladores no soportaron el destierro. Hubo suicidios y casos de alcoholismo. En una nota de The Times, de Londres, en 2007, una isleña recuerda: “Era el paraíso, éramos como aves libres, y ahora estamos igual que en una prisión”. Se calcula que de los dos mil habitantes originales, hoy viven menos de 700.
En 1998, los chagosianos y sus descendientes resolvieron acudir a la Justicia. Para todos los especialistas, en su caso se había producido una flagrante violación al derecho internacional. Dos años después, en efecto, el Tribunal Supremo británico dictaminó que la expulsión había sido ilegal y que los habitantes debían regresar. En 2004, el fallo fue confirmado en la Corte de Apelaciones. Los sucesivos gobiernos británicos ignoraron la sentencia y el Foreign Office continuó apelando hasta que, en 2008, la Cámara de los Lores –última instancia del particular sistema legal inglés– falló a favor del gobierno por un ajustado tres a dos. El argumento esgrimido por los lores fue que el gobierno contaba con títulos suficientes para legislar sobre una de sus colonias en función de la seguridad de los intereses del Reino Unido. Estados Unidos ya había advertido que la vuelta de los habitantes significaría un “riesgo inaceptable” para su base.
Jonathan Crown representó a la Cancillería británica y fue elocuente en su argumentación. “Los chagosianos no tienen territorio propio, no tienen derecho sobre las islas en absoluto”, sostuvo en su exposición. Crown debe haber llegado tarde el día que en la facultad enseñaron autodeterminación.
El infierno
Obstinados en recuperar su paraíso, los isleños acudieron a la Corte Europea de Derechos Humanos. Entonces, en 2010, el gobierno inglés sacó un increíble argumento de la manga. El canciller David Miliband anunció que crearía la mayor reserva natural oceánica del mundo alrededor del archipiélago, que componen unas 55 minúsculas islas, en función de las 220 especies de corales y las más de mil de peces que se encuentran en sus aguas. Para preservar el área virgen, obviamente, resultaba imprescindible que no esté habitada por los depredadores agricultores chagosianos. Al parecer, los peces no tenían problemas con las naves norteamericanas que salían a bombardear Afganistán o Irak. Tampoco con los 1700 militares que viven allí, ni los 1500 empleados civiles. Tan triste todo, que un cable difundido por Wikileaks reveló el obvio trasfondo de la maniobra.
Cada tanto, los chagosianos realizan algún acto para que su situación no caiga en el olvido. En mayo pasado, hicieron una presentación ante la prensa en las puertas de la Royal Geographical Society, en Londres. Bachar Khan, del Grupo de Refugiados Chagosianos, comentó su sentimiento a The Guardian: “¿Cómo puede ser que una base militar sea legal y que los habitantes de la isla no puedan vivir ahí? Tenemos ocupas militares que nos dejan sin nuestros derechos”. Otro delegado comentó que los isleños se sentían “como dando vueltas y vueltas en una calesita para caer siempre en el mismo lugar”.
La novelista Philippa Gregory lo describió en un artículo de junio pasado en The Times titulado elocuentemente “Las Falklands secretas que siguen en conflicto”. “He leído los papeles del Foreign Office desde 1960 intentando entender la historia de Chagos: es una lacrimógena experiencia sobre el engaño y la arrogancia”, escribió.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-187910-2012-02-19.html
